En el primer semestre de 2024, el Observatorio de Derechos de Propiedad realizó una encuesta virtual de percepción para coadyuvar a comprender la situación de las extorsiones en Guatemala. Los resultados obtenidos revelan datos alarmantes que proporcionan una visión detallada de este fenómeno delictivo y su impacto en diversas comunidades del país.
Las extorsiones constituyen un delito que atenta directamente contra la propiedad y la vida de las personas, generando un clima de miedo e inseguridad en las comunidades afectadas. Este tipo de delito no solo implica una exigencia económica que despoja a las víctimas de sus recursos, sino que también conlleva amenazas de violencia física y daño a la integridad personal y familiar. La constante intimidación y la posibilidad de represalias crean un entorno de angustia y vulnerabilidad, donde las víctimas se ven obligadas a realizar cambios significativos en sus vidas y, en muchos casos, a vivir bajo un estado de alerta constante. Este impacto profundo en la calidad de vida de las personas resalta la necesidad urgente de abordar la problemática de la extorsión con medidas efectivas y un enfoque integral que garantice la protección y seguridad de todos los ciudadanos.
La encuesta destaca que un 70% de los encuestados ha sido víctima de extorsión, evidenciando la gravedad del problema. En particular, el año 2023 fue señalado como el período con mayor recurrencia de casos. La mayoría de las víctimas, un 67%, reside en el departamento de Guatemala, el cual presenta el índice de criminalidad más alto del país. Municipios como Guatemala, Villa Nueva, Mixco y Villa Canales registran la mayor incidencia de extorsiones.
Las experiencias de las víctimas varían considerablemente en cuanto a la duración de la extorsión, desde casos aislados de un día hasta situaciones prolongadas que se extienden por varios años. Los periodos más mencionados incluyen 1 mes, 6 meses y 1 año, con algunos casos extremos que han durado hasta 5 años, lo que resalta la persistencia y gravedad de este delito.
El medio principal utilizado por los extorsionadores para establecer contacto fue el teléfono, con un 68.60% de los casos reportados. Otros métodos incluyen mensajes de texto, llamadas vía WhatsApp y, en menor medida, redes sociales. Un 19.77% de los encuestados indicó haber sido contactado en persona, lo que muestra la adaptabilidad de los delincuentes a diversos canales de comunicación.
La encuesta también revela que un 60% de los extorsionadores pertenecen a bandas criminales, y el 90% de las exigencias fueron de índole monetaria. Un 27% de las víctimas optó por cumplir con las demandas de los extorsionadores, utilizando principalmente dinero en efectivo y depósitos bancarios como medios de pago.
En cuanto a las medidas adoptadas por las víctimas para protegerse, un significativo 84% tomó al menos una acción de protección. Las medidas más comunes incluyen cambio de ruta, venta de negocios, cambio de residencia o número de teléfono, y contratación de seguridad. No obstante, el 28% de las víctimas que tomaron medidas enfrentaron represalias, tales como acoso, daños a la propiedad y violencia física.
A pesar de que el 63% de las víctimas denunciaron los hechos ante las autoridades, una parte considerable no lo hizo debido a la desconfianza en las autoridades, el miedo a represalias, la falta de pruebas y el desconocimiento del proceso de denuncia. Las respuestas de las autoridades varían, con un 52% de los casos cerrados sin resolución y un 24% en los que se abrió una investigación.
Los resultados de esta encuesta subrayan la gravedad y persistencia de la extorsión en Guatemala. Es crucial fortalecer la confianza en las autoridades y mejorar la eficacia de las medidas de protección y respuesta para combatir este delito que afecta profundamente la vida de las personas y comunidades en todo el país.