Columna de opinión publicada el 27 de julio 2,023 

Invasiones ilegales
El Estado debe garantizar medidas inmediatas

María Andrea Cáceres
info@observatoriopropiedad.org

La protección de la propiedad privada es una piedra angular para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, en la actualidad, nos enfrentamos a una creciente problemática: las invasiones ilegales de propiedades.

Los propietarios afectados por estas invasiones han adquirido sus propiedades mediante esfuerzo y cumpliendo con las leyes vigentes. No obstante, se ven despojados de sus derechos por personas que ignoran la ley y ocupan ilegalmente lo que no les pertenece.

Ante esta alarmante realidad, es imprescindible que las instituciones encargadas de velar por la justicia actúen con prontitud y firmeza. El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial deben otorgar medidas de desalojo de forma inmediata en casos de invasiones, evitando así daños mayores y restableciendo la seguridad jurídica para todos los ciudadanos.

Es importante destacar que el desalojo legal nunca debe ser confundido con un desplazamiento forzoso. El desalojo se refiere a una garantía legal a los propietarios, que se refiere al acto de desalojar mediante indebido proceso a personas que han ocupado ilegalmente una propiedad privada, protegiendo así el derecho legítimo del propietario. Por otro lado, los desplazamientos forzosos implican el traslado arbitrario e ilegal de poblaciones enteras, siendo una práctica inaceptable y violatoria de los derechos humanos.

Es fundamental que las entidades involucradas actúen con celeridad y sin exigir requisitos excesivos a los propietarios afectados para hacer efectivas las medidas que establece la ley. La demora en la toma de acciones puede tener graves consecuencias para los propietarios. Solo a través de una acción diligente podremos preservar el valor de la propiedad privada y construir una sociedad donde pravelezca la certeza jurídica y el Estado de Derecho.

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